Tres sobre la Iglesia.

Los dineros de la Iglesia

España entrega a la Iglesia y a la escuela católicas más de 3.000 millones de euros al año. Es un privilegio sin parangón en el mundo. Ningún Estado de derecho subvenciona a fondo perdido a ninguna iglesia. Ni paga los sueldos de obispos y curas ni les exime del deber fiscal. Es una anomalía en Europa. Pero la Iglesia española es incapaz de autofinanciarse, a lo que se comprometió hace 26 años. Y aún así, el episcopado ultraconservador se echa a la calle, arropado por la derecha política y social, en contra del Gobierno por una reforma educativa que no cuestiona sus enormes privilegios y mantiene la enseñanza de la Religión en todos los centros. Quizá esa ala derechista de los obispos —de la que hay que desmarcar a la Iglesia catalana— batalla por tener lo que no le dio ni Franco, amparada en el Acuerdo con la Santa Sede sobre educación de 1979. Por eso es hora de acabar con la ambigüedad entre España y el Vaticano. De clarificar una relación que está a medio camino de la confesionalidad y la laicidad. Y racionalizarla en su vertiente económica, como apunta la vicepresidenta Fernández de la Vega. Quizá el Estado deba pagar escuelas concertadas y profesores, pero ya no debe cargar con el déficit del gasto ordinario de la Iglesia. Editorial

Cuestion de Dineros

Javier Ortiz ha dejado dicho que en Francia la Iglesia vaticana no pinta nada en las escuelas, que tiene sus propios centros educativos pero que la enseñanza que en ellos se imparte debe adaptarse a las normas dictadas por el Estado y deben costearla con sus propios recursos "al margen de las arcas públicas", recibiendo las mismas subvenciones —siempre modestas— que otras confesiones religiosas. Así de cierto. Aquí, de repente, algunos han comenzado a revivir las guerras de Religión con la enseñanza al fondo y la manifestación del pasado sábado, obispos, clérigos, monjas, gentes del PP y muchos ciudadanos de buena voluntad, traduce y ahorra cualquier comentario. Llamó la atención, sin embargo, "el borriquito como tú", sus consonancias con la estampa que los miembros del Opus Dei suelen llevar en su cartera, y esas pancartas tan significativas del "uno más uno = tres". ¿Desconocen los manifestantes que si la calidad educativa es tan baja (no lo creo, porque el profesorado, abandonado de la mano de Dios y del César, es excelente), acaso se deba a los 8 años de mandato aznarista? ¿Quién ha regido los designios educativos en los últimos tiempos? Si la enseñanza es un desaguisado, busquemos los culpables de ello, que nunca podrán ser quienes llevan año y medio en el poder y pretenden encauzar los fallos. Pero me temo que en el fondo se habla de dineros. ¿Han reparado en que existe una sanidad pública que todos podemos usufructar gratis y que el que prefiere medicina privada se la paga? Igual debería pasar con la enseñanza. Antonio Domínguez. Profesor de Universidad

La Iglesia polariza España

El conflicto educativo que vivimos encubre una lucha de clases donde la Iglesia católica española defiende a ultranza sus privilegios.

Una característica de la educación primaria y secundaria en España es su polarización por clase social. En general, el 30% de la población, de renta superior (burguesía, pequeña burguesía y clase media profesional de renta alta), envía a sus hijos a las escuelas privadas, mientras que el 70% restante (clase trabajadora y clase media de renta media y baja) los matricula en la escuela pública.

Ni que decir tiene que existe permeabilidad entre los dos tipos de centros escolares, de manera que hay niños de las clases pudientes que van a la pública e hijos de las clases populares que van a la privada. Pero, en general, hay una separación clara entre la escuela privada y la escuela pública en España, según la clase social de los niños a los que sirven. La escuela española es, pues, altamente clasista.

En realidad, según el último Informe Pisa sobre los sistemas educativos de los países de la OCDE (el grupo de mayor desarrollo en el mundo), España es uno de los países en los que la clase social de las familias tiene mayor importancia a la hora de configurar las oportunidades educativas de sus hijos. Es más, el mismo estudio señala que esta polarización social es una de las causas más importantes del escaso desarrollo educativo español.

Esta polarización social de la escuela se reproduce como resultado del enorme poder político y mediático del 30% de renta superior del país y de los poderes fácticos afines a este sector de la población, entre los cuales la Iglesia católica juega un papel clave: posee el 70% de los centros de enseñanza privada en España.

Esta identificación de clases pudientes e Iglesia ha sido una constante en la historia de España, lo cual explica la hostilidad que grandes sectores de las clases populares han tenido históricamente hacia la Iglesia católica. Sólo cabe recordar que los condenables incendios de iglesias y conventos, que tuvieron lugar los días después del golpe militar en 1936, fueron consecuencia del conocido apoyo que le prestó la Iglesia española, que interrumpió un Gobierno popular, democráticamente elegido, que había introducido el derecho a la educación y convertido la escuela pública en el centro de la enseñanza (hasta entonces controlada en su buena mayoría por la Iglesia).

La polarización social de la educación reproduce así la estructura de clases del país. La mayoría de los grandes empresarios, banqueros, directores y gerentes de las cajas de ahorros, legisladores, altos funcionarios de la Administración, miembros de las Academias Reales, periodistas y creadores de opinión, entre otros (lo que en terminología anglosajona se llama el establishment ) son productos de las escuelas privadas (y envían sus hijos a las escuelas privadas), mientras que la gran mayoría de sindicalistas, trabajadores y miembros de las clases populares han sido educados en las públicas. La escuela consolida de este modo una de las estructuras sociales más rígidas y con menos movilidad social existentes hoy en la UE.

Los recursos por alumno son un 32% mayores en las escuelas privadas de la Iglesia que en las públicas, y ello, en gran parte, debido a las subvenciones que las primeras reciben del Estado (2.700 millones de euros al año). Estas ayudas son justificadas por parte del Estado y por parte de la Iglesia, por, entre otras razones, la necesidad de garantizar con fondos públicos el derecho de los padres que deseen dar formación religiosa católica a sus hijos. Es éste un derecho escrito en la Constitución española como consecuencia de la enorme influencia que las fuerzas conservadoras tuvieron en el proceso de transición de la dictadura a la democracia (un derecho inexistente en gran parte de las constituciones de los países democráticos vigentes en el mundo), y que el Gobierno socialista respeta continuando tal financiación.

El punto al que la Iglesia y las clases pudientes se oponen con gran agresividad es a que se tomen medidas para que se diluya la polarización social de la educación española (que se basa en la selección por parte de las escuelas privadas del alumnado por clase social), impidiendo que tales escuelas privadas continúen escogiendo a sus alumnos —excluyendo a niños de las clases populares, incluidos los inmigrantes (que necesitan mayores recursos para su integración)—, tal como está ocurriendo hoy.

Esta es la cuestión clave de la conflictividad presente. Es una lucha de clases encubierta en la que la Iglesia, una vez más, defiende a ultranza sus privilegios. La mal llamada escuela privada (la auténticamente privada es únicamente un 5% de toda la escuela en España) está financiada públicamente y antepone los intereses particulares sobre los generales, no actuando como un componente del sistema público educativo.

Por otra parte, el bajo gasto público en educación es también consecuencia del poder de las clases pudientes (que envían sus hijos a la escuela privada y que se oponen a pagar más impuestos para aumentar el dinero público invertido en educación), y que creen erróneamente que no les afecta la escasez de recursos de la enseñanza pública. En realidad, la calidad de la escuela privada concertada depende de la calidad que posea la pública, tal como señala el Informe Pisa. La reforma educativa de los gobiernos progresistas tiene que, además de incrementar sustancialmente el gasto público en educación, eliminar esa polarización social que está reproduciendo una estructura totalmente clasista que afecta negativamente la calidad del sistema educativo.

Vicente Navarro