En la actualidad nos encontramos inmersos en una crisis que viene durando ya tres años, crisis no solo económica, sino también de valores, que ha puesto en tela de juicio el modelo de gestión empresarial y el modelo de desarrollo que ha predominado hasta el momento.
Atendiendo a la Declaración Universal de los Derechos Humanos y a la Constitución Española de 1978, el acceso a la cultura es un derecho ciudadano. El texto constitucional español se caracteriza por presentar un enfoque garantista de lo cultural, conforme al patrón de los derechos fundamentales, motivo por el que incluye numerosas referencias a la cultura, tal y como se observa en el artículo 20.1.c que consagra la libertad de creación cultural y el artículo 44 que garantiza el derecho de acceso a la cultura. Garantía que forma parte de los principios rectores de la política social y económica del Estado. La inserción de la cultura en la Constitución “implica el tratamiento jurídico del hecho cultural como un todo”, ofreciendo “un marco jurídico para la fijación de valores y de garantías para el desarrollo cultural”, poniendo a disposición del Estado y de los ciudadanos “el instrumental necesario para la construcción del modelo cultural específico de cada sociedad” .
Desde 1978 hasta la actualidad, como consecuencia del marco jurídico establecido por la Constitución y por los diversos Estatutos de Autonomía, la gestión de la cultura en España se ha caracterizado por un sistema en el que las diversas administraciones públicas han sido los principales proveedores de productos culturales. Dada la actual situación económica y sobre todo, vista la exigencia de control del déficit de las Administraciones Públicas estamos asistiendo a una ola de recortes sin precedentes. Recortes que han supuesto reducciones drásticas en diversas áreas, especialmente en cultura y que han avivado, una vez más, debates tan típicos en el ámbito cultural como el de la necesidad de implantar nuevos sistemas de gestión y financiación de la cultura, a través de un sistema en el que primen las alianzas público-privadas y el protagonismo de la inversión privada en el sector cultural.
Son muchas las voces que piden en nuestro país la implantación de un sistema mixto de financiación de la cultura, y probablemente razón no les falte, sin embargo, considero que una operación de este tipo, exige una reflexión previa, en la que se medite sobre la adecuación o no del sistema mixto de financiación a la hora de obtener recursos que financien y alcancen todos los ámbitos de la producción cultural.
En relación a la eficacia de este tipo de mecanismo en España y en base a las reflexiones realizadas por Martha Nussbaum sobre por qué la democracia necesita de las humanidades, creo que para que una sociedad pueda financiar la cultura a través de aportaciones realizadas desde el sector privado es necesario que, entre los ciudadanos se de un cierto tipo de sensibilidad, del que creo que en la actualidad carece la sociedad española en general.
Como paso previo a la instauración de una estructura de financiación mixta de la cultura debiéramos analizar los pros y los contras de ese tipo de financiación, así como las experiencias de los países en los que este sistema se ha implantado. Sistema del que Estados Unidos es el máximo exponente. Es preciso tratar de elaborar un modelo que tenga en cuenta la complejidad de la cultura, que sea capaz de cuidar de todos los aspectos de la cadena de valor cultural, y sobre todo del impacto social de la cultura. Llama la atención, a este respecto, como alguien como Bill Ivey en un libro escrito en base a su experiencia como máximo responsable del NEA, pone en entredicho el sistema de gestión y financiación de la cultura estadounidense, indicando la necesidad del establecimiento de políticas públicas que ayuden a coordinar esfuerzos y que tengan como objetivo alcanzar el equilibrio en la esfera cultural, entre el interés público y el mercado.
Nos encontramos en un momento de agotamiento del vigente sistema de gestión y de financiación de la cultura. Está claro que en la actualidad las administraciones públicas carecen de recursos para seguir adelante tal y como lo han venido haciendo hasta ahora, motivo por el que desde el sector cultural debemos reflexionar, innovar y pensar un modelo cultural sostenible, novedoso, competitivo, visionario y compatible con el Son numerosos los artículos que, desde el pasado 22 de mayo de 2011, han aparecido en prensa. Un ejemplo de ello, es el que apareció en el Heraldo de Aragón del 7 de septiembre de 2011, y en el que un representante de la sociedad civil, concretamente el presidente de la Asociación Aragonesa de la Ópera Miguel Fleta, defendía el mecenazgo como la solución para aquellas iniciativas ciudadanas con vocación cultural que carecen de recursos propios suficientes.
Martha Nussbaum es autora del libro titulado Sin fines de lucro. Por qué la democracia necesita de las humanidades en el que defiende la necesidad de un sistema educativo de corte humanista que haga posible que los estudiantes a lo largo de su desarrollo personal se conviertan en personas capaces de apreciar la cultura y la necesidad de garantizar el acceso a la misma de la mayor parte de la ciudadanía. Solo así se puede constituir un sistema cultural que base parte de su financiación en aportaciones filantrópicas de los ciudadanos.
Tanto la UNESCO como la Unión Europea reconocen que las ICC son un cauce de expresión de la identidad cultural y un instrumento de mediación de la diversidad cultural. Es necesario proteger esos valores e intereses generales mediante el reconocimiento de la especificidad de los bienes y servicios culturales, articulando una estrategia que tome en cuenta tanto su dimensión cultural, como su dimensión económica. Todo ello exige abordarlas, por un lado aprovechando su potencial para contribuir al desarrollo de la economía, y por otro, para que favorezca las expectativas e intereses culturales de los miembros de la sociedad, dando lugar a un crecimiento sostenible e inclusivo, para ello es necesario lograr un equilibrio entre el interés público y el privado. Es por ello que la Agenda 21 de la Cultura en el apartado de principios indica que una excesiva institucionalización de la cultura o una excesiva prevalencia del mercado como único distribuidor de recursos culturales, comporta riesgos y obstaculiza el desarrollo dinámico de los sistemas culturales.
Desde la Comisión Europea se considera la crisis como una oportunidad para fortalecer la economía, siempre y cuando se aproveche la ocasión para llevar a cabo un cambio de modelo productivo, que permita la transformación del actual modelo basado en el crecimiento económico en otro que permita un futuro sostenible. Desde esta perspectiva, la Comisión Europea ha elaborado una estrategia que posibilite un crecimiento inteligente, sostenible e integrador a través de la denominada Estrategia Europa 2020. ¿Cómo afecta la Estrategia Europa 2020 al ámbito de las ICC? ¿Es posible aprovechar esta estrategia para avanzar hacia un nuevo paradigma de las ICC?
En plena crisis es necesario apostar por el hecho creativo como motor de cambio social y como impulsor del nuevo modelo productivo europeo. Ante la escasez de recursos públicos a los que se enfrenta el sector cultural y dada la necesidad de avanzar hacia el nuevo paradigma de ICC, por qué no tener en cuenta el potencial que presentan las empresas de la economía social, dada la capacidad que éstas tienen para crear capital social a la hora de trabajar en aquellos sectores en los que el inversor tradicional no suele actuar, configurándose como un actor que ofrece soluciones y alternativas a los retos económicos y sociales actuales.
Las formas de organización de la economía social presentan una oportunidad para grupos de individuos con ideas innovadoras y objetivos comunes que quieran juntar fuerzas para promover nuevas formas de interactuar en un nuevo tipo de mercado. Es necesario tener en cuenta la capacidad de estas organizaciones no convencionales de producir valor económico y social, a través de prácticas innovadoras de organización social.
La viabilidad de la gestión de la cultura desde los ámbitos empresariales privados además de ser una realidad, pasa a ser una necesidad. En opinión de CEPES es evidente la existencia de proyectos culturales con rentabilidad económica, que debería hacer el sector atractivo a los inversores privados. El informe sobre Economía Social en España 2009-2010 indica que se hace necesaria una mayor orientación de los emprendedores hacia la gestión privada de la cultura, fomentando el espíritu emprendedor de los gestores culturales y apoyando la creación de empresas para el desarrollo del sector, su supervivencia y su crecimiento a escala local. La realización de estas tareas supondrá dar un paso hacia delante en el posicionamiento del sector cultural como un sector destacado en el nuevo modelo económico y de desarrollo. En este proceso de redefinición del modelo económico cultural comienza a percibirse interés por una forma de organización económica más democrática, sostenible y solidaria que las formas mercantiles tradicionales. Por definición, las empresas de Economía Social constituyen un interesante modelo de creación de riqueza en el que prima la iniciativa y la capacidad de innovación sobre los activos patrimoniales, característica que las convierte en entidades idóneas para liderar proyectos de carácter cultural.
Es necesario plantearnos la cultura desde una nueva perspectiva, de modo que sea posible conseguir un desarrollo sostenible e integrarla en la Estrategia 2020 a través de un nuevo modelo de gestión, aquel que se propone desde la economía social y es que tal y como dijo Zigmunt Barman en el Congreso Europeo de la Cultura celebrado en Polonia en septiembre de 2011 “lo cultural es nuestro primer recurso económico”. "El futuro de Europa depende de la cultura" y si queremos integrarla en la Estrategia 2020 necesitamos un nuevo modelo de gestión que se adapte al desarrollo que se quiere conseguir y al nuevo modelo de crecimiento económico derivado del mismo.
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