Nos estamos habituando a que el análisis de los medios de comunicación circule de manera pendular y dicotómica. Pues transita de condenas sobre su comportamiento que habría que regular con medidas autoritarias, hacia alabanzas o agradecimientos sobre su papel democrático otorgándole toda la libertad posible, incluso perdonando su compromiso con actos de corrupción. Insertos en esa partición confrontada, las simplificaciones emergen día a día cuando leemos, vemos y oímos noticieros, en una cadena de repeticiones que le quita riqueza al análisis y anula cualquier propuesta de cambio en las comunicaciones del país. No nos preguntamos qué papel están jugando los medios en la consolidación de la democracia y en la conformación de lo público. Ni tampoco nos preocupamos por mejorar la relación entre estos medios y el conjunto de la sociedad, incorporando al ciudadano común y corriente enjaulado en porcentajes del rating, -índice sólo de valor mercantil-. No indagamos sobre el uso práctico de la libertad de expresión y si ésta toma en cuenta derechos de muchos, evitando colisiones posibles entre ambas potestades. Tampoco averiguamos cómo se está asumiendo la relación entre ética y negocio. Menos aún discutimos acerca de cuál debe ser el comportamiento del periodismo en democracias con instituciones tan débiles. La sociedad y el mundo han cambiado, también nosotros, sin embargo los paradigmas periodísticos siguen aún fieles a retos de siglos pasados y configurados desde los grandes países con democracias y desarrollos más consolidados. Sin embargo, es un signo positivo el que hoy se inicien debates sobre medios y periodismo como temas legitimados de la agenda pública, a propósito del escándalo sobre la compra de opinión a los medios por el gobierno anterior y de la propuesta de ley sobre radio y televisión entregada y aprobada por el pleno del Congreso de la República.
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