Al César lo que es del César

Los obispos y los movimientos católicos más intransigentes han lanzado una campaña, meticulosamente programada, contra el Gobierno español. No contra una ley o una decisión concreta, sino, en general, contra el laicismo de Rodríguez Zapatero que, dicen, pretende acabar con la religión en España.

El motivo no es la enseñanza de la religión, impartida en virtud de los Acuerdos con el Vaticano que no se van a revisar. No puede serlo, porque se mantiene la oferta de religión confesional obligatoria por parte de los centros y voluntaria para los alumnos, como hasta ahora, sin que su calificación compute para selectividad o para beca (no como la LOCE, que hacía efectiva en esos casos la nota de religión). Y el MEC propone, además de la materia confesional, enseñar religión a todos los alumnos en una dimensión no confesional, sino histórica y cultural. Por tanto, no menos, sino más religión.

La campaña, desproporcionada, falsea los hechos, parece más política que inspirada en el Evangelio y se ha interpretado como una demostración de fuerza para amedrentar al Gobierno y evitar que éste haga cumplir el acuerdo por el que la propia Iglesia española se comprometió, hace ya años, a autofinanciarse. Pero tampoco esta explicación parece suficiente. Aunque ojala tanta movilización favorezca la contribución económica de los católicos para que su Iglesia no dependa de los bolsillos de todos.

La clave es que la Iglesia no renuncia a su influencia política. La Constitución le reconoce el derecho a enseñar su doctrina y celebrar sus ritos. Pero las creencias no tienen fuerza de ley y no puede imponer a todos sus concepciones sobre el matrimonio hetero u homosexual, el control de la natalidad, el divorcio, o incluso el aborto y la clonación celular (asuntos que, además, no forman parte del Evangelio cristiano). Es inexplicable que los obispos se arroguen saber mejor que el resto de los ciudadanos (incluidos los científicos) en qué consiste la vida y la sexualidad o quieran tener la última palabra sobre el bien moral y la felicidad; y resulta inaceptable que pretendan forzar a los demás a vivir de acuerdo con su particular visión de la sexualidad humana y la convivencia. Por muy católica que sea España, catequizar no es llevar esas opiniones al Código civil o penal. Si acaso, los obispos deben exhortar a sus feligreses a no hacer uso de las leyes que permiten conductas contrarias a su criterio moral; y, a juzgar por los hechos, sus prédicas no son muy persuasivas, pues numerosos cristianos usan anticonceptivos, se divorcian y abortan, aunque esas leyes no obligan a nadie.

El artículo 16 de la Constitución proclama que “ninguna confesión tendrá carácter estatal”. Y añade que se “tendrán en cuenta las creencias de la sociedad española”. Por ello, la Iglesia y la enseñanza católica tienen un reconocimiento legal privilegiado y el matrimonio canónico surte efectos civiles. Pero en esta sociedad hay otras creencias a tener en cuenta, pues hay casi un millón de musulmanes y unos 300.000 protestantes, cuya discriminación se debe eliminar. El Gobierno también ha de “cooperar con las demás confesiones”, aunque no les pueda conceder todas las prerrogativas que ha venido usando la Iglesia católica; y extender a los que mantienen otras concepciones ideológicas y otras formas de vivir en pareja el derecho a casarse según su rito o a recibir formación religiosa que disfrutan los católicos, porque todos tienen derecho a la libertad de conciencia o de enseñanza y a ser felices con sus opciones vitales.

Si ninguna confesión tiene carácter estatal, la laicidad define el respeto y la cooperación del Estado con las diversas religiones, ya que ninguna puede ejercer una autoridad sagrada sobre el poder político, que no se ejerce en nombre de Dios. En Europa es innegable el reconocimiento de la laicidad del Estado y de la política, a diferencia de los países dirigidos por ayatolás. En el caso español cumplir y hacer cumplir la Constitución, protegiendo a las instituciones de las injerencias clericales y del excesivo peso que tradicionalmente ha tenido la Iglesia en ellas, no es lo mismo que intentar borrar de la sociedad la vivencia religiosa y sus manifestaciones públicas. Confundir ambas actitudes y llamar a la primera “laicismo absolutista”, “fundamentalismo agresivo”, “virus peligroso” o “fobia persecutoria” (expresiones de los obispos) es injusto y constituye una calumnia.

La cuestión es quién puede dictar normas para todos, quién decide lo que se debe imponer a los ciudadanos o se les permite hacer: si compete a quien ha sido elegido para ello por los ciudadanos, de acuerdo con un programa, o a los que se creen investidos por Dios para interpretar la ley natural. Lo primero sucede en el Estado aconfesional y democrático. Lo segundo es propio del agustinismo político medieval. Según éste, los clérigos tienen no sólo el don divino de conocer el bien moral, sino también el deber de imponerlo a todos desde el poder; y cuando no pueden legislar directamente, actúan como tutores y jueces de los gobernantes y, si éstos no se someten a los dictados de su rancio magisterio moral y son permisivos con los que piensan de otra manera, se sitúan por encima de las leyes para atacarlas. Hoy, en paralelo al integrismo islamista y siguiendo el ejemplo de Bush, renace el antiguo fundamentalismo, en el que valores morales presuntamente cristianos y el uso del nombre de Dios (en vano) recuperan la función de eje del debate político; y, así, Buttiglione, rechazado para comisario europeo por su visión restrictiva de los derechos y libertades, crea un movimiento político-religioso para combatir el laicismo y la falta de valores morales.

En fin, en nuestra sociedad la religión y la Iglesia están presentes con fuerza, pero el Evangelio no luce con la misma intensidad, porque quienes más debían testimoniarlo sirven a un sistema ideológico conservador. Laicidad y cristianismo son compatibles, si respetan su propia razón de ser: la racionalidad política y el testimonio evangélico, lo que es del César y lo que es de Dios.